De acuerdo con la normativa española, los usuarios que posean más de 50.000 euros en criptomonedas bajo custodia de entidades extranjeras deben declarar sus activos a la Agencia Tributaria utilizando el Modelo de Declaración 721. Sin embargo, este proceso no está exento de dificultades.
En medio del complejo panorama regulatorio que rodea a las criptomonedas en España, los inversores están optando por una estrategia poco convencional: la autocustodia. Esta tendencia ha surgido como una respuesta a la obligación de informar sobre las tenencias de criptomonedas a las autoridades fiscales del país.
De acuerdo con la normativa española, los usuarios que posean más de 50.000 euros en criptomonedas bajo custodia de entidades extranjeras deben declarar sus activos a la Agencia Tributaria utilizando el Modelo de Declaración 721. Sin embargo, este proceso no está exento de dificultades.
El plazo para presentar estas declaraciones vence el 31 de marzo del presente año, y el incumplimiento puede acarrear multas y penalidades superiores a los 300 euros. La complejidad del proceso, según el economista José Antonio Bravo, ha generado inconvenientes incluso para profesionales del área. Detalles como el número de decimales y el precio unitario de las criptomonedas han complicado la presentación de estas declaraciones.
Falta de datos es una de las principales dificultades.
Una de las principales dificultades radica en la falta de datos concretos proporcionados por los proveedores de servicios de criptomonedas. Se ha observado una carencia de información como direcciones físicas o números de identificación fiscal, elementos necesarios para completar el Modelo 721 de manera precisa.
Ante esta situación, José Antonio Bravo ha propuesto simplificar el proceso. Sugiere que la dirección web de los proveedores de servicios debería ser el dato principal, considerando que la mayoría de estas transacciones se realizan en línea. Esta medida podría aliviar la carga administrativa tanto para los inversores como para las autoridades fiscales.
Sin embargo, a pesar de la campaña de información en curso, aún no se dispone de cifras definitivas sobre la cantidad de inversores y propietarios de criptomonedas que han cumplido con sus obligaciones fiscales en España. La incertidumbre persiste mientras los inversores evalúan sus opciones y las autoridades trabajan para abordar las complejidades del mercado de criptomonedas en el país.