Es menester señalar que el 3% dijo que jamás lo ha utilizado, cifra que, ciertamente, contrasta con el 5% que nunca había utilizado Bitcoin para 2022.
En una encuesta realizada por el Instituto universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), determinó que más del 10% de la población en el país utilizó Bitcoins durante 2023.
El Salvador fue el primer país en aprobar a Bitcoin como moneda de curso legal; y, según la información obtenida a través de la aplicación de un cuestionario a unas 1,280 personas durante el periodo comprendido entre el 9 y el 22 de diciembre pasado. Mismo que tuvo como objetivo evaluar la situación económica del país centroamericano, incluyendo preguntas para indagar la forma en que Bitcoin ha influido en la economía.
Tal como reportó Criptonoticias, según los resultados publicados por el ludop, un 85% de los encuestados sostuvo que no utilizó la criptomoneda para hacer compras o realizar algún pago durante el año.
Es menester señalar que el 3% dijo que jamás lo ha utilizado, cifra que, ciertamente, contrasta con el 5% que nunca había utilizado Bitcoin para 2022.
En cuanto a los bienes y servicios que se pagaron con BTC, el 44% de los que la usaron lo hicieron para hacer pagos en supermercados y comprar comida. Un 15% pagó por los servicios de la clínica veterinaria Chivo Pets, y un 12% pagó servicios públicos como agua y electricidad utilizando la principal criptomoneda.
Asimismo, el uso también implicó el pago por compra de ropa y electrodomésticos. Adicionalmente, el 2% recibió su salario en Bitcoin; pero, solo 1.3% de la población realizó inversiones con la principal criptomoneda del sector.
El Salvador aprueba a Bitcoin como moneda de curso legal.
El 9 de junio de 2021, El Salvador se convirtió en pionero al legalizar el bitcoin (BTC) como moneda de curso, tras la aprobación de la Ley Bitcoin por parte del Congreso, propuesta por el presidente Nayib Bukele. La legislación entró en vigor el 7 de septiembre de 2021, permitiendo a los salvadoreños utilizar el bitcoin para adquirir bienes y servicios, saldar obligaciones tributarias y deudas, así como enviar y recibir remesas.
La decisión de Bukele se basó en la perspectiva de que la adopción del bitcoin como moneda oficial traería beneficios económicos y sociales al país, especialmente para los más de 6 millones de salvadoreños que residen en el extranjero y envían remesas a sus familias. El presidente argumentó que el bitcoin facilitaría transacciones transfronterizas, reduciría costos de intermediación, promovería la inclusión financiera, atraería inversiones y estimularía la creación de empleo.
A pesar de estos argumentos, la medida ha generado críticas y controversias tanto a nivel nacional como internacional. Entre los desafíos y riesgos señalados se encuentran la volatilidad y especulación asociadas al bitcoin, la falta de regulación y supervisión, el impacto ambiental derivado del consumo energético de la minería de bitcoin, las posibles actividades ilícitas vinculadas a la criptomoneda, y la oposición de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
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